En la reunión del Comité de Empresa celebrada el día 28 de febrero de 2011 se acordaron los siguientes temas:

 -Escrito a la Secretaria General del SCE para que se mejore la limpieza en la Oficina Rafael Cabrera y en los baños del Lomo Apolinario.

-Escrito a la Secretaría General del SCE solicitando que se de un día de compensación a aquellos compañeros que trabajan en municipios donde no ha sido festivo el martes de carnaval.

 -Escrito a la Inspección de Trabajo sobre la mala situación de la Oficina Comarcal de Puerto del Rosario en materia de salud y seguridad laboral.

 -Ante las dudas planteadas por algunos compañeros con la aplicación de las horas extras se ha solicitado a la Secretaría General las instrucciones sobre compensación de las mismas.

El Comité de Empresa critica el despido de la compañera Iballa, adscrita a la Oficina de Empleo de Arenales, que se produjo a finales de julio tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que consideró que el despido era improcedente, dando la opción al Servicio Canario de Empleo (SCE) a despedirla o a readmitirla.

Es lamentable que desde el área de Empleo del Gobierno de Canarias se despida a su propio personal, cuando las intervenciones públicas tanto del Consejero como del Director del SCE vayan en la línea que este Gobierno realiza un esfuerzo para reducir la lacra del desempleo. En otros momentos dicen que tenemos dinero para llevar a cabo políticas activas de empleo y generar puestos de trabajo. Mientras esto sucede la Dirección del SCE prescinde de una trabajadora, en una muestra más de falta de consideración hacia los efectivos laborales que hacemos posible el funcionamiento del SCE.  

Mientras este despido ya es un hecho, en algunas oficinas reclaman de manera urgente más personal para atender las necesidades de miles de desempleados, que acuden cada día con la esperanza de encontrar un empleo. Es más que evidente que en el SCE no sobra nadie, pero a nuestros gestores lo único que les importa es que no se formen colas en las Oficinas de Empleo y éstas no aparezcan en la prensa. La crisis económica internacional ha supuesto que economías tan débiles y dependientes sufran con mayor fuerza las consecuencias negativas, como lo reflejan las altas tasas de paro que registran las islas. Ello implica reforzar las unidades administrativas que prestan servicios de atención directa a la población desempleada. En la actualidad, nos encontramos con varias oficinas donde se solicita con carácter urgente más personal. Por desgracia se toma la decisión de despedir a profesionales cualificados en vez de reforzar estas unidades de trabajo.  Una razón más para reafirmarnos que Iballa no sobraba, se le necesitaba por su profesionalidad y experiencia laboral.

Un aspecto que no compartimos es que en un contexto de crisis económica y contención drástica de contención del gasto el SCE se decante por el pago de una indemnización cuando hay dinero del estado para sufragar este contrato y necesidades manifiestas de personal en las Oficinas de Empleo.

Lejos quedan las palabras y las promesas del Director del SCE cuando en verano de 2008 afirmaba que en el organismo no sobraba nadie, que en su proyecto de consolidación se contemplaban todos los recursos humanos en precariedad laboral. O en noviembre de 2009 cuando ante los cambios en las Oficinas de Empleo (administrativas y comarcales) afirmaba que aquí no sobraba nadie y que nuestras dudas era un insulto a la inteligencia y que estábamos infundiendo temores sin fundamento. Una vez más los hechos han demostrado que en su política de personal sobra el factor humano.

Es importante que en momentos todos los compañeros mostremos nuestro apoyo incondicional.  El Comité de Empresa reitera su respaldo a todas las acciones que Iballa lleve en el futuro.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de Septiembre de 2010.

 Ante las políticas de recortes sociales y supresión de derechos de los trabajadores decretadas por el Gobierno, el Comité de Empresa del Servicio Canario de Empleo de Las Palmas

ACUERDA APOYAR LA CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL PARA EL PRÓXIMO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010, EXIGIENDO DEL GOBIERNO UN CAMBIO DE POLÍTICA QUE SUPONGA:

  La retirada de una reforma laboral que:

• No servirá para crear empleo.
• Acaba con la negociación colectiva.
• Abarata los despidos, que serán cofinanciados con dinero público.
• Facilita los ERES.
• Precariza el empleo promoviendo: los contratos basura, la temporalidad, la movilidad geográfica y la jornada a tiempo parcial.
• Reduce la garantía jurídica de los/as trabajadores/as.
• Fortalece a las empresas en los conflictos laborales.
• Privatiza la gestión del desempleo.

 Creación de empleo, potenciando la inversión pública.

 Defender la negociación colectiva como marco de protección de las condiciones de trabajo, frente a los intentos de atribuir a las empresas la capacidad de incumplir los acuerdos alcanzados de forma unilateral.

 Garantizar el sistema público de pensiones como eje central de nuestro sistema de protección social.

 Potenciar los Servicios Públicos, reforzando los esenciales: sanidad, educación y empleo.

 Una política que reduzca el déficit público mediante el incremento de los ingresos y no solo mediante la reducción del gasto.

 Una nueva política fiscal, que refuerce la estructura de ingresos del Estado, recuperando impuestos suprimidos y apostando por una mayor recaudación basada en la progresividad fiscal.

 En Las Palmas de Gran Canaria a 21 de Septiembre de 2010.

El Consejero de Empleo, Industria y Comercio ha estimado el recurso interpuesto por el Comité de Empresa del Servicio Canario de Empleo en Las Palmas y deja sin efecto la Resolución del Director del SCE nº. 09/8480 de 11 de septiembre de 2009, por la se regulaba la organización de la Subdirección de Formación.

Hay que recordar que en octubre del año pasado les informábamos que cualquier modificación de la estructura organizativa del Servicio de Formación tenía que tramitarse como una modificación puntual de la R.P.T. y no a través de una Resolución del Director. En este sentido, la Orden del Consejero de Empleo, de fecha 29 de junio de 2010, por la que se resuelve el recurso de alzada anteriormente citado, pone de manifiesto lo que este Comité ha defendido en todo momento:  que la Resolución del Director del SCE de fecha 11 de septiembre de 2009 no es el instrumento para hacer una nueva ordenación de los recursos humanos de la Subdirección de Formación y no se ha seguido el procedimiento legalmente establecido, que vienen determinados a través del proceso de tramitación de las Relaciones de Puestos de Trabajo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de julio de 2010.

En reunión del Comité de Empresa Provincial de las Palmas del Servicio Canario de Empleo celebrada el día 30 de abril de 2010  se acuerda por unanimidad la siguiente:

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE EMPRESA PROVINCIAL DE LAS  PALMAS DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

Cuestionamos los criterios y contenidos que se proponen en este anteproyecto de Ley. Consideramos que dicho texto con pretensión de Ley no ofrece garantías en la imparcialidad obligada en el ejercicio de las funciones a desempeñar por los empleados públicos y tampoco responde a las necesidades que hoy se plantea el empleo público canario, ni tampoco mejora ni optimiza la ley vigente.

En líneas generales lo consideramos un retroceso en derechos y una pérdida de oportunidad para construir un modelo de función pública moderna y eficaz, donde prevalezca la figura del empleado público como único vínculo con la administración y con los mismos derechos y obligaciones en todos los niveles y sectores, despareciendo las diferencias entre los distintos colectivos, situación que hasta ahora solo ha traído problemas y enfrentamientos, además de una importante complicación en la gestión del personal.

Entendemos que en el presente anteproyecto, de versión de 1 de marzo de 2010, no se parte de un estudio previo y serio de necesidades, no se parte de cimientos válidos que aseguren los principios que se intentan desarrollar, ya que en esta CAC no se realiza planificación por objetivos, no hay optimización de plantilla, existen muchos empleados públicos desubicados de sus puestos o realizando tareas que nada tienen que ver con el puesto asignado e incluso en otras localizaciones territoriales. No se soluciona que se recurra para suplir supuestas carencias, a empresas públicas, externalizaciones, o becarios, cuyos trabajadores se encuentran compartiendo las dependencias de la Administración Pública, duplicando en muchos casos los servicios.

No hay exposición de motivos, ni análisis de oportunidad y justificación de los cambios que esta Ley pretende establecer. La consecuencia es un texto desvertebrado que no soluciona, ni mejora la situación actual, bien al contrario la desregula y la complica mediante unos mecanismos que ni se concretan ni se desarrollan suficientemente en el texto y cuya reglamentación se remite, sin garantías, a un futuro incierto en el que se expone al empleado público a un sistema arbitrario y subjetivo.

En muchos supuestos este proyecto no respeta los principios de transparencia, eficacia y jerarquía que establece el EBEP y la propia Constitución.

En  consecuencia, a modo de preámbulo, como guía imprescindible y obligada de cualquier actuación al respecto le manifestamos los siguientes principios básicos rectores que se deben tener en cuenta en todo momento en la elaboración y objetivo final del Anteproyecto de Ley de La Función Pública Canaria:

1.- Respeto a los puestos de trabajo existentes, estableciéndose un proceso de consolidación en el que se asegure la estabilidad laboral del actual personal no fijo o interino de los diferentes colectivos (laborales, funcionarios, estatutarios, personal docente, personal investigador...).  Las medidas de conversión del empleo temporal en estructural se llevarán a cabo sin cambio de vínculo jurídico, de laboral indefinido y temporal a laboral fijo y, de funcionario interino a funcionario de carrera.

2.- El objetivo es alcanzar una sola figura de Empleado Público, con la que se obtendría realmente la homogenización de los distintos colectivos existentes al equiparar los derechos y condiciones de trabajo (jornada, retribuciones, permisos y licencias,  etc.).

 3.- Aplicación al personal que presta sus servicios en la Administración Pública de Canarias de un Acuerdo General, que sería el compendio de lo más favorable en cada materia recogida en los convenios y acuerdos existentes en la Comunidad Autónoma de Canarias. Sin pérdida de ningún derecho reconocido en cuanto a condiciones de trabajo, retributivas y sindicales, respetando el derecho a la participación y negociación colectiva de todos los legítimos representantes de los trabajadores de cada colectivo.

4.-  Revisión y culminación del cumplimiento de los procesos y acuerdos pendientes.

5.- Rechazo a la figura del personal directivo profesional.

Teniendo en cuenta lo anterior, éste Comité acuerda por unanimidad el siguiente Acuerdo de Resolución:

 1º) Exigir la retirada del Anteproyecto de la Ley de Función Pública Canaria estableciendo un marco de negociación efectiva mas amplio. Rechazamos el carácter retroactivo de esta Ley, en cuanto deroga acuerdos anteriores, y consideramos necesario iniciar un proceso negociador dando participación en la elaboración de la Ley a todos los Estamentos que conforman la Administración Pública Canaria y afectados por la entrada en vigor de la Ley: organizaciones de trabajadores, expertos, universidades, representantes de todas las administraciones públicas, técnicos y trabajadores de las administraciones y otras entidades y organizaciones ciudadanas interesadas, para realizar el diagnóstico de la situación actual de las administraciones públicas, y concretar las propuestas para diseñar una ley dirigida a ofrecer a la sociedad canaria una administración eficaz, transparente, moderna, ágil y  con visión de futuro.

2º) Ningún despido. Ninguna supresión de plazas vacantes. No a los recortes presupuestarios de los servicios públicos esenciales.

3º) Revisión y culminación del cumplimiento de los procesos y acuerdos pendientes.

4º) No a la pérdida de los derechos reconocidos en condiciones de trabajo retributivas y sindicales.

5º) En cualquier caso, con respecto al borrador del Anteproyecto se hacen las siguientes PROPUESTAS puntuales:

a) La relación laboral del personal laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias con la Administración estará regulada por la normativa específica, en este caso el Convenio Colectivo Único, y lo que fuere de aplicación y no contradiga el mismo, dispuesto en la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) El Comité de Empresa considera que la funcionarización del personal laboral tiene que ser voluntaria, sin amortización de su plaza. En este sentido, se modificaran la Disposición Adicional Decimocuarta y Disposición Transitoria Tercera del Anteproyecto de Ley de la Función Pública Canaria, en el siguiente sentido "Los puestos de trabajo ocupados por el personal laboral fijo que no opte por participar en los procesos selectivos que se establecen en la Disposición Transitoria Tercera, o que habiendo participado en los mismos no los superen, no serán funcionarizados,  hasta que éstos queden vacantes por traslado, promoción, jubilación o fallecimiento del titular de dicha plaza".

En caso de que la Administración por motivos organizativos tuviera que trasladar al Personal fijo tendrá que recolocarlo en la misma categoría y en las mismas condiciones que tuviera en la plaza de origen y que viniera desempeñando de modo efectivo. Lo anterior también  será de aplicación al personal indefinido y temporal.

c) Equiparación del personal indefinido al personal laboral fijo. En este sentido, rechazamos la amortización del personal laboral indefinido que contempla el Anteproyecto de la Ley de Función Pública de Canarias.

Y, asimismo, acuerda trasladar el presente acuerdo a la Dirección General de Función Pública, a la Mesa General de Empleados Públicos y a los Comités de Empresas, todo ello a los efectos oportunos.

 El Comité de Empresa de Las Palmas critica la decisión política de externalizar el Servicio Canario de Empleo (SCE), en un contexto donde debería aunarse los esfuerzos necesarios para mitigar la lacra del desempleo en Canarias, con la tasa de paro más elevada del estado español (27'68%), y no para desmantelar el servicio público de empleo. Esta línea queda nítidamente reflejada en el Proyecto de Ley de modificación del SCE, ya que se establece la puesta en marcha de acuerdos y pactos con entidades privadas en materia de intermediación laboral, orientación, formación y empleo que son competencias públicas. En definitiva, se produce la entrada de agentes privados para gestionar lo público.

 Tenemos que subrayar que desde el Comité de Empresa se ha denunciado la externalización del SCE, un objetivo por el que ha apostado el actual Director del organismo, y el tiempo nos ha dado la razón. Este proceso se ha plasmado en la cesión de competencias a la fundación canaria para el fomento del trabajo (funcatra), con la realización de un convenio marco y el establecimiento de encomiendas de gestión. No es de extrañar, que en el futuro funcatra alcance más cotas de poder en base al proyecto ley.

 Desde nuestro punto de vista estos cambios inciden negativamente en la prestación de servicios que se prestan a los ciudadanos. La experiencia con funcatra así lo demuestra. Por ejemplo, se han duplicado servicios y recursos en materia de orientación e intermediación laboral, en un momento donde Canarias tienen 301.200 personas desempleadas, y es la Comunidad Autónoma con la tasa de paro más elevada (27'68%) del estado español.

 Por otro lado, mientras el gobierno central negocia con los agentes sociales y económicos una reforma del mercado laboral, en Canarias la prepotencia de los gestores del SCE obvian los mecanismos de negociación, instrumentos necesarios para alcanzar el consenso.

 Este Comité siempre ha apostado por el SCE como el instrumento eficaz para dinamizar y liderar estrategias de inserción laboral. Para ello, se cuenta con personal con experiencia y con cualificación profesional en el marco de la planificación y gestión de las políticas activas de empleo. Además, se dispone de soportes tecnológicos, e infraestructuras adecuadas para reforzar los mecanismos de intermediación laboral que contribuyan a la creación de empleo en Canarias. Pero, la Dirección del SCE da la espalda a este valor añadido en material de capital humano. Desde la perspectiva de aunar todos los recursos disponibles en pro del empleo, el Director ha ido externalizando funciones del SCE, lo que pone de manifiesto la escasa sensibilidad hacia el papel que deben jugar los poderes públicos en materia de la gestión de las políticas activas de empleo.

La incapacidad de la Dirección del SCE para gestionar adecuadamente los recursos de empleo y formación la enmascara con un proyecto de modificación del organismo. Este Comité ya solicitó y volverá a solicitar la dimisión del Director por su ineficacia. En este sentido, a mediados del 2009 denunciamos el retraso en el inicio de los cursos de formación y en los proyectos para la contratación de trabajadores desempleados en los convenios de colaboración con las entidades locales, ni tan siquiera se puso en marcha la convocatoria de escuelas talle en el 2009.  Eso sí, se dieron prisa en publicar las encomiendas de gestión con funcatra, que junto a una que se ha publicado recientemente, sobrepasa el millón de euros. Hay que recordar que en el 2009 se alcanzaron cifras dramáticas en el desempleo nunca vistas en Canarias, pero la respuesta de la Dirección del SCE fue tardía.  

 El Comité de Empresa hace un llamamiento a la ciudadanía en general, a la clase política y a los agentes sociales y económicos para que entre todos no permitan la desaparición del Servicio Público de Empleo, porque se cuenta con profesionales con cualificación y experiencia profesional que hacen posible que el SCE siga en funcionamiento, y no somos responsables de la mala gestión de nuestros dirigentes.

EL COMITÉ DE EMPRESA DEL SCE DE LAS PALMAS DENUNCIA LA CREACIÓN DE LISTA DE ESPERA OCASIONADA POR LA MALA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN

El Servicio Canario de Empleo (SCE) vendió a bombo y platillo la implantación de un nuevo sistema de Búsqueda Activa de Empleo (BAE) a finales del año pasado. La BAE es un instrumento para clasificar profesionalmente a los demandantes que buscan empleo, y su disponibilidad para acciones de formación ocupacional y de empleo. Para llevar a cabo lo que la Dirección del SCE llama "Plan de Modernización", las Oficinas de Empleo tradicionales han sufrido una transformación: ahora éstas últimas pasan a ser Oficinas Administrativas (donde se llevan inscripciones abreviadas y trámites para cobrar el desempleo), y las otras de nueva creación llamadas Oficinas Comarcales (donde se  ejecutaran entrevistas de clasificación, orientación y ofertas de empleo): dos en la isla de Gran Canaria, una en Fuerteventura y otra en Lanzarote.

 Este nuevo instrumento ha dejado al descubierto determinadas carencias que perjudica seriamente al ciudadano y deteriora la imagen del servicio público de empleo, porque se genera lista de espera y desplazamientos innecesarios. Ahora, la atención al ciudadano en la búsqueda de empleo no es inmediata sino a través de cita previa. Por ello, el Comité de Empresa del SCE critica la improvisación que marca este nuevo modelo.

No entendemos como no se ha evitado la lista de espera, que en ocasiones llega alcanzar hasta los seis meses, e incluso para casos en los que los usuarios solo requieren que se les añada un dato en su currículum (curso, carnet, titulación académica, etc.), cuando con anterioridad se hacía al instante.

Tenemos que recordar a la Dirección del SCE que contamos con recursos humanos suficientes para llevar a cabo estas tareas y lo importante es trabajar con criterios de eficacia, de lo contrario las quejas de los ciudadanos seguirán aumentando y no conseguiremos acercar la administración a los usuarios, fin último éste que debe primar en todo servicio público.

Con este sistema se quiebra el principio básico de proximidad de los servicios públicos a los ciudadanos. Por ejemplo, un vecino de Mogán que hasta hace unos meses era atendido en la Oficina de Empleo de Maspalomas donde se le ofrecían todos los servicios ahora debe trasladarse  a la Oficina Comarcal de Vecindario para finalizar sus gestiones. En esta misma línea y a corto plazo un desempleado de Agaete se dirigirá a la Oficina Comarcal de la capital Gran Canaria, cuando antes era atendido con eficacia en la Oficina de Empleo de Gáldar. Nos parece una falta de consideración hacia una población que atraviesa problemas graves a nivel personal y económico.

Por otra parte, este sistema nos genera ciertas dudas de cara a que los usuarios estén informados sobre la BAE.  Si con este mecanismo se intenta detectar a los que realmente quieren trabajar, frente a los que no, puede existir un alto porcentaje de población que lo desconozca y pueda quedar fuera de sondeos para encontrar un trabajo. Hasta hace unos meses un desempleado que acudía a su Oficina de Empleo quedaba en disposición de salir en los sondeos para las ofertas de empleo, ahora, nos podemos encontrar con personas que por falta de información se queden fuera del nuevo sistema, lo que puede interpretarse como un agravio ante el principio constitucional de igualdad de derechos para acceder a un empleo.

Para este Comité de Empresa es primordial potenciar los mecanismos de inserción laboral y de reforzar la imagen pública del SCE, porque la población desempleada canaria nos lo exige como servicio público. No es el momento para realizar proyectos pilotos, que supone un incremento del gasto en época de austeridad y recortes presupuestarios, sino de reforzar su papel de intermediación y de servicios de proximidad, en el marco de la orientación profesional, la intermediación, la prospección del mercado de trabajo.

Al mismo tiempo, si se implanta un sistema como la BAE es fundamental corregir los desequilibrios existentes, motivados en gran parte por el alto grado de improvisación en su puesta en marcha. Así mismo, instamos a la Dirección del SCE para que convierta a este organismo en un instrumento potente en materia de intermediación laboral, donde las Oficinas de Empleo sean las piezas claves para el que tiene que ser el principal objetivo de este Organismo, la búsqueda de empleo para sus usuarios,  y no la deje en manos de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (Funcatra) el papel estratégico en las políticas activas de empleo. 

Queremos dejar claro que esta situación no es culpa de los trabajadores del SCE, que reciben instrucciones y realizan su trabajo con total profesionalidad, sino que son sus dirigentes los creadores de este sistema los que no saben o no quieren modificar las deficiencias de la BAE.

El Comité de Empresa acordó su adhesión a la Carta Obrera del colectivo de abogados laboralistas de Las Palmas. Este documento recoge una serie de reivindicaciones imprescindibles y necesarias de los asalariados frente a la crisis, entre las que destacamos:

• Nulidad de los despidos sin causa.
• Persecución de la contratación temporal fraudulenta.
• Fiscalía especial para la represión penal de los delitos cometidos contra los derechos de los trabajadores.
• Limitación de las facultades de las mutuas aseguradoras que se han convertido en una vía indirecta de privatización del régimen de protección de la seguridad social.
• Restablecer la excepcionalidad en la relación de las horas extras y el incremento de su retribución en un 75% sobre la hora ordinaria.
• Control Administrativo de todos los despidos objetivos.
• Acentuar la progresividad del régimen fiscal, políticas sociales de defensa de lo público y de creación de empleo...

Le invitamos a la Marcha Obrera convocada para hoy día 18 de marzo, que partirá del Parque San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria, y será a las 19'30.

  En Las Palmas de Gran Canaria a  18 de Marzo de 2010